| Documentos - Circulares ADEM |
ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL META
Carrera 26 Nª 35-09 San Isidro
Tel: 6624551 – fax: 6623155
Villavicencio – Meta
Arbitrariamente y a espaldas del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el gobierno de ALVARO URIBE VELEZ y concretamente el Ministerio de educación ordenó a la Fiduciaria La Previsora la firma de un contrato por $200 MILLONES con la empresa Gestión Hospitalaria, reconocida organización asesora de los intermediarios de la salud, para que adelantara un estudio tendiente a modificar el Actual Régimen Especial de Salud del magisterio colombiano e introducirnos al nefasto régimen de Ley 100 de 1993 que tantas desgracias, marginalidad, inequidad y exclusión ha traído a la salud pública del país, enriqueciendo de paso, desmesurada y descaradamente, a los mercaderes de la salud. Todo el país conoce que detrás del cierre de los hospitales públicos y de las corruptelas del SISBEN y de las Aseguradoras de Riesgos Profesionales se encuentra la nefasta Ley 100 de 1993.
Bajo el sofisma de mejorar la calidad, el espejismo de la”libre” afiliación a empresas intermediarias y alusiones a la corrupción en el sistema sin demostrar la existencia de investigaciones en curso, se pretende llevar la salud del magisterio al mercado financiero, como ya ocurrió con las cesantías y las pensiones en todo el sector privado y gran parte del sector público.
También se recurre a una sesgada y amañada encuesta contratada con el Centro Nacional de Consultoría quien cínicamente concluye que el magisterio prefiere la medicina prepagada y la atención de las Empresas Promotoras de Salud. También utiliza de manera oportunista las quejas y los reclamos expresados por los educadores con motivo de las dificultades en la prestación de los servicios médico asistenciales que se vienen dando en algunas regiones del país.
En relación con estos contratos y en general con todo el proceso conducente a la pretensión de cambiar el modelo, hemos solicitado la intervención de la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación.
FRENTE A TALES AFIRMACIONES NOS PERMITIMOS MANIFESTAR:
§ La manera como se planeó la encuesta, como se redactaron las preguntas, la escogencia de la población interrogada y la forma de presentar los resultados tiene el preconcebido propósito de desvirtuar nuestro régimen de salud construido paulatina, colectiva y democráticamente desde comienzos de la década del 90.
§ Las quejas presentadas por los docentes no se han hecho contra el régimen de salud especial sino contra las deficiencias en la atención prestada por algunos contratistas. Las quejas y recomendaciones han sido valioso insumo utilizado como oportunidad y reto para mejorar paso a paso el servicio.
§ El verdadero propósito del Gobierno Uribista es el de lanzarnos al libre e inhumano mercado convirtiendo a los educadores en objetos manipulados por los mercaderes de la salud y endosando la obligación que tiene el estado de garantizar y velar por la salud de los educadores establecida en la Ley 91 de 1989 a empresas promotoras de salud; una nueva versión neoliberal de “achicamiento del estado”, para ello le ofrecen al magisterio como gran cosa la “libre elección”. Es en últimas, favorecer a los intermediarios de la salud en detrimento de los usuarios.
§ Los educadores no tenemos compromiso alguno con ningún contratista, defendemos nuestro régimen de salud. La definición de los contratos ha estado en manos del gobierno que cuenta con tres de los cinco integrantes es decir tienen la mayoría. Nuestra participación en la toma de decisiones, en la vigilancia y veeduría ha permitido el fortalecimiento del sistema de salud haciéndolo exigible en todo el territorio nacional.
Nos oponemos radicalmente a la destrucción de nuestro régimen especial de salud mediante la implantación de este nuevo modelo propuesto por el Gobierno Nacional, por cuanto:
Es violatoria de la Ley 91 de 1989, del Decreto 1775, de la Ley 80 de 1993; debilita el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; elimina los Comités Regionales de Prestaciones Sociales y las Veedurías del Magisterio, dejando al gremio sin mecanismos claros de vigilancia y reclamo. Además, traslada el aumento de los recursos para el Fondo contemplados en el artículo 81 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo no al mejoramiento del servicio sino al enriquecimiento de las empresas intermediarias.
Lanza a la crisis financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales en la medida en que el valor del contrato no será en cuantía fija, sino indeterminada, cuyo monto se calcula estableciendo una unidad percápita (UPC) de altísimo costo por grupo etáreo la cual se multiplicará por el número de usuarios registrados arbitrariamente y sin control alguno por parte de las empresas promotoras de salud que sean habilitadas.
Nuestro régimen de salud tiene ventajas frente al modelo establecido en la Ley 100 de 1993 tales como: no pago de cuotas moderadoras ni copagos, exclusiones limitadas, sin períodos de carencia. Más amplia cobertura, sedes exclusivas para el magisterio y sus familiares, hospitalización en habitaciones uni o bipersonales. Sin restricción de medicamentos. Sin preexistencias o renuncias. Estas ventajas desaparecerán gradualmente con el nuevo modelo.
El cambio de modelo de salud es el complemento de proyecto de Acto Legislativo para eliminar los regímenes prestacionales especiales que será presentado al Congreso de la República el 20 de julio de este año, como parte de la política de “mano firme” contra los derechos de los trabajadores, la misma política que arremete contra el patrimonio nacional con la fragmentación hacia la liquidación de ECOPETROL y el SENA.
Por lo anterior, manifestamos que no estamos dispuestos a aceptar que el gobierno, de manera caprichosa, nos imponga el mismo modelo de costosa intermediación que llevó al colapso la prestación de la salud pública en Colombia. En consecuencia, reiteramos nuestra disposición a discutir y acordar con el gobierno todas las mejoras que sean necesarias a los actuales términos de referencia pero, asimismo, ratificamos nuestra disposición de convocar a un PARO NACIONAL DEL MAGISTERIO, si la Ministra de Educación y el gobierno persisten en imponernos, contra toda lógica, un modelo de salud que se convierte en el primer paso para llevarnos al régimen de la Ley 100 de 1993.
NO A LA INTERMEDIACIÓN EN SALUD
SOLIDARIDAD CON LA USO – ECOPETROL Y EL SENA
JUNTA NACIONAL DE FECODE
Presidente Secretario General
Bogotá, D. C. Domingo 2 de 2004