ASOCIACIÓN DE EDUCADORES DEL META

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Villavicencio – Meta

 Villavicencio, 11 de marzo de 2004

Doctora

CECILIA MARIA VELEZ WHITE

MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

Ciudad

Reciba un cordial saludo de la Junta Directiva Central de la Asociación de Educadores del Meta.

Constituye este evento una oportunidad para expresar nuestras opiniones frente a diversos  aspectos de la realidad educativa y gremial en el país y la región.

1. Proyecto de recorte,  modificación o eliminación de las transferencias: Su sólo anuncio ha constituido motivo de alarma para el gremio magisterial, la comunidad educativa, alcaldes y gobernadores. Sería un nuevo golpe a la educación pública después del Acto Legislativo 01 de 2001, el cual causó la crisis de recursos que hoy nos aqueja ante el recorte de más de 7 billones de pesos, ocasionado para el periodo del 2002 al 2007. El gobierno nacional debe abandonar este proyecto lesivo contra los entes territoriales y por el contrario redoblar esfuerzos que permitan mayores recursos para la prestación del servicio educativo, obligación hoy depositada en los departamentos, distritos y municipios.

Algunos medios de comunicación señalaron en el día de ayer que el proyecto anunciado por el gobierno recortaría las transferencias de salud y educación en un 20%. Esto significa cerca de 3 billones a pesos de hoy en el contexto nacional y unos 30 mil millones de pesos para el Meta en su conjunto, de los cuales Villavicencio perdería unos 13 mil millones de pesos y los municipios no certificados unos 17 mil millones de pesos.  

Si ese 20% se refleja en la planta docente, diríamos que de 6 mil plazas hoy asignadas tendríamos que prescindir por efecto del recorte presupuestal de 1200 plazas de educadores; unas 500 en Villavicencio y unas 700 en el resto de municipios.

Convertidas estas plazas a niños, estamos hablando entonces que por efecto de dicha reforma unos 40 mil infantes quedarían por fuera del sistema educativo en todo el territorio metense.     

Una decisión como la que pretende el gobierno nacional, Señora Ministra, sería la estocada final a la educación pública colombiana y el nacimiento de un conflicto en el sector educativo de impredecibles consecuencias, puesto que estamos seguros que en conjunto con el gobierno departamental los alcaldes, secretarios de educación,  concejales, diputados, estudiantes y comunidad educativa estaremos defendiendo los recursos de la educación pública colombiana y de nuestros municipios. 

2. El régimen especial de los educadores colombianos: Denominado así por la población beneficiaria del mismo, no constituye realmente excepcionalidad en términos de lo que representa para una población docente que se desempeña en precarias condiciones salariales, de vida en muchos casos, de trabajo en otros, pero que además es receptor de los estudiantes de toda la realidad social, política y de violencia que se da en el país. Además, Señora Ministra, consideramos que el pueblo colombiano falló sobre el tema el pasado 25 de octubre, hecho que obliga a que el gobierno cese en su empeño de modificar los Regímenes Especiales, dentro de los cuales está el de los educadores. Sólo así se demostraría el respeto a la voluntad popular.

3. Reglamentación de la Ley 715: No ha sido apropiado este proceso por cuanto se ha desconocido a nuestra Federación Colombiana de Educadores como representante del gremio docente. Los decretos expedidos deben ser reconsiderados con FECODE al igual que concertados los que faltan por expedir, como el de ascensos y el de áreas de difícil acceso con su bonificación especial. No sobra recordar que los ascensos de los educadores llevan más de 2 años congelados y que quienes laboran en las más apartadas e inhóspitas zonas del país carecen de estímulo alguno por efecto de la no expedición de la norma respectiva. La dificultad suscitada en el presente año para conseguir docentes con destino a las zonas más apartadas de nuestro departamento, muestra lo equivocado de haber eliminado este estímulo de que gozaban los educadores que laboraban en estas áreas hasta la promulgación de la Ley 715.      

4. Situación Regional

4.1. Planta docente: En el caso de Villavicencio se aprobó una planta docente deficitaria que no se correspondió con la matrícula del año anterior; con la relación alumno – docente urbana y rural; ni con la realidad de la población desplazada, la cual según certificación expedida por la Red Nacional de Solidaridad totalizaba el año anterior 5565 familias, con aproximadamente unos 16.000 menores en edad escolar, que no están registrados en la información DANE, con la cual se sustenta el Ministerio de Educación Nacional.

La relación alumno - docente de Villavicencio tenida en cuenta para la definición de la planta docente en diciembre de 2003 fué de 1:34 en la zona urbana y 1:25 en la zona rural, lo cual de entrada arrojaba un déficit de 125 educadores, si se ceñía a la relación fijada por el mismo gobierno  de 1:32 en la zona urbana y 1:22 en la zona rural. Esto le significó a los maestros, los docentes directivos y a la administración municipal un enorme esfuerzo y sacrificio en términos de calidad y funcionamiento, sin mencionar la tortura del hacinamiento en los niños. A ese faltante de 125 educadores, debe sumarse los docentes requeridos para poder ingresar al sistema educativo los niños que aún están por fuera y que pertenecen a los miles de desplazados que deambulan por nuestras calles y los barrios subnormales generados por esta población. No sobra mencionar por su gravedad, que los grados de preescolar fueron disminuidos en muchos casos por efecto de las orientaciones ministeriales de sólo permitir niños de 5 años, hecho que marca un retroceso de más de 10 años en nuestro sistema educativo. Mientras en el mundo la tendencia es la de aprovechar al máximo el enorme potencial de los menores de 5 años, aquí se retraza el ingreso a la escuela. Esa es la consecuencia de mirar el sistema educativo  simplemente desde la óptica económica y fiscalista y no desde la perspectiva pedagógica que redunde en desarrollo de la sociedad y en un servicio con calidad y eficiencia. 

Esta situación Señora Ministra, que requiere inmediata solución ha producido hacinamiento en las aulas de nuestra instituciones educativas por cuanto para sostener la matricula actual con esta planta docente deficitaria, aún se vienen fusionado grupos y se han amontonado niños en las aulas en forma inhumana en varias de las instituciones educativas, causándole un duro golpe a cualquier expectativa de mejoramiento de la calidad educativa  en contravía a las tendencias mundiales y recomendaciones pedagógicas de establecer un número bajo de alumnos por aula para garantizar un proceso educativo exitoso. A lo anterior agreguémosle la población escolar que aún no ha podido iniciar su año lectivo por falta de docentes a pesar de existir las aulas disponibles, como en el caso del Colegio Las Palmas. Indudablemente esta población, a pesar del enorme esfuerzo del departamento por ampliar la estructura física a nivel de lo requerido, esta adportas de ser absorbidas por colegios privados de dudosa calidad, que presionan incesantemente, desperdiciando una excelente planta física, lo cual ocurre en otros sectores de la ciudad.

4.2. Planta administrativa: Desde años atrás se ha informado al Ministerio de Educación Nacional del abultado déficit de personal administrativo que se presenta en todo el departamento. El año anterior en su visita Señora Ministra, el Señor Secretario de Educación Municipal informó que los padres de familia venían pagando cerca de $ 5.000 millones de pesos por este concepto, igual ocurría con los demás municipios. Sin embargo al Departamento le aprobaron 197 cargos administrativos y a Villavicencio 207, manteniendo el problema existente.

Si la ciudad capital tiene 51 Instituciones Educativas se requieren por lo menos 51 Secretarias, 51 Secretarios Pagadores, 102 funcionarios de aseo y de servicios generales y por lo menos 300 vigilantes para un total de 504 funcionarios, lo que de entrada nos da un déficit de 300 solo en la ciudad de Villavicencio. Si hacemos igual análisis para cada uno de los municipios restantes, en donde existen numerosos internados, por las condiciones concretas de nuestro departamento y las gravísimas condiciones de orden público, podemos decir con certeza que hoy faltan en el Meta más de 800 funcionarios administrativos, para los cargos mínimos requeridos. Este problema, se ha constituido en la peor traba para cualquier proceso de gratuidad, por cuanto a los padres se les exigen cuotas a través de las Asociaciones de Padres de Familia para cubrir esta obligación que es responsabilidad del Estado.

Mientras no se resuelva este problema, el cual requiere indudablemente recursos económicos nuevos, le estaremos cerrando las puertas de las instituciones educativas a miles de niños cuyos papás no pueden pagar estas sumas. Señora Ministra, este asunto no es un problema, es una verdadera calamidad que esperamos sea resuelta prontamente. Es un hecho que se avecina un gran movimiento que se está gestando entre las Asociaciones de Padres de Familia para no continuar asumiendo estos onerosos gastos, lo cual generará cuando se produzca, un enorme traumatismo en las instituciones educativas.  A propósito, nos resulta totalmente incomprensible que estando dispuesto el departamento a cubrir gratuidad hasta el estrato tres, se le este desestimulando de esta medida por parte del Ministerio de Educación Nacional según conocimos últimamente. La gratuidad es un principio constitucional que debe ser generalizada y no restringida por el mismo Estado,  según se desprende de la experiencia mundial.       

4.3. Presupuesto: Tener la planta docente requerida y garantizar los funcionarios administrativos indispensables para cubrir los gastos que demanda la prestación del servicio, requiere el presupuesto adecuado. La información de que disponemos por ejercicios de costeo realizados el año anterior, nos indicaban que un niño en Villavicencio en el 2003 costaba $906.000 pesos y en el resto del departamento poco más de 1 millón de pesos. Por tal razón, culminamos el año anterior con la información ofrecida por los anteriores secretarios de educación en el sentido que a Villavicencio se le asignaría una cifra por alumno superior a los 900 mil pesos y al resto del departamento 1.200.000 mil pesos, sumas con las cuales podría cubrirse los costos educativos de esta región. Para nuestra sorpresa según el Conpes 77 de enero 26 de 2004 a Villavicencio se le asignó una suma por estudiante de 740 mil pesos y de 860 mil pesos para el resto de municipios no certificados. Significa en el caso de la ciudad capital unos 15 mil millones de pesos menos de lo requerido y aproximadamente 30 mil millones menos para el resto de la geografía departamental.

No entendemos que a nuestra ciudad capital se le coloque en el rango de los distritos como Bogotá, Barranquilla y Cartagena o ciudades como Medellín, cuando sus particularidades la asemejan a ciudades como Valledupar,  Neiva, Popayán, Florencia o Tunja, a quienes les asignaron 860 mil pesos por estudiante; o que al departamento del Meta sin Villavicencio se le equipare a Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Tolima, Caldas, Boyacá y Valle, de enorme densidad poblacional, cuando la nuestra no alcanza los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, asemejándose más al Guaviare, Putumayo o Caquetá a quienes se les asignó 1 millón 700 mil pesos por alumno.

Todo lo anterior, es una muestra de lo inequitativo, equivocado y aberrante que es el esquema de capitación, introducido por el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715.              

Urge por tanto señora Ministra un replanteamiento en este tema para que no colapse la educación de nuestro departamento.

5. Sede Recreacional: Con el envío del proyecto de convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y el departamento para entregar en comodato la Sede Recreacional del Magisterio a la administración departamental, entendemos que ha sido acogida este propuesta que nuestra región ha venido impulsando. Como organización sindical la compartimos y esperamos que se agilice dicho convenio. Tenga la seguridad que entre el departamento, el municipio de Villavicencio y el magisterio, la pondremos a funcionar como se debía haber hecho de tiempo atrás.

        JUNTA DIRECTIVA CENTRAL DE ADEM